Robo en carreteras: la urgencia de su atención


Por el Lic. Mario Murrieta
Uno de los fenómenos asociados a la delincuencia organizada es el robo en carreteras; este afecta a los particulares que viajan de un estado a otro, a las empresas de transporte de pasajeros y a aquellas empresas nacionales y extranjeras que transportan mercancías por vía terrestre. La evolución de la incidencia de este tipo de delitos y de las reacciones de los empresarios, hacen suponer que las acciones de las autoridades, tanto federales como locales, respecto de la atención de este fenómeno no han sido las más adecuadas.

Las pérdidas en México que la inseguridad genera entre los miembros de la industria del transporte superan los 9 mil millones de dólares anuales, por lo que implican un grave perjuicio a uno de los sectores más importantes de la economía nacional e impactan en las decisiones de inversión de empresas extranjeras.
El robo en carreteras requiere de la atención urgente de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Por un lado, las legislaciones locales son sumamente heterogéneas, lo que dificulta la coordinación necesaria en las investigaciones, el rastreo de mercancías y la seguridad de transportistas y pasajeros. Asimismo, los casos de robo que caen bajo la responsabilidad federal son cada vez más escasos, aparentemente, sin que exista una razón sustentada por la ley.
Dicho fenómeno es también uno de los menos estudiados por las organizaciones de la sociedad civil y en los que existen más lagunas sobre la competencia de los diferentes órdenes de gobierno: ¿son las procuradurías estatales o la federal quienes deben hacerse cargo de la investigación y sanción del delito?, ¿cómo deben coordinarse las autoridades de dos o más entidades del país en casos donde las bandas organizadas operan más allá de las fronteras?
Las necesidades de seguridad de los transportistas han rebasado las capacidades del Estado, lo que genera espacios para empresas de seguridad privada y localización de vehículos y mercancías, que muchas veces no están certificadas y operan de manera paralela a aquellas que han sido certificadas y autorizadas por el Estado.



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